MÁS INGENIERÍA MENOS PROPAGANDA PARA TRANSFORMAR DIAPOSITIVAS EN REALIDADES DE HORMIGÓN
Hay proyectos urbanos que, de tanto repetirse en las portadas de los diarios y en las promesas de campaña, corren el riesgo de convertirse en mitos locales antes de que la primera excavadora toque el suelo. El futuro de las grandes infraestructuras deportivas de Irun parece haber entrado en ese bucle melancólico en el que las intenciones políticas y la burocracia administrativa hablan idiomas completamente distintos. El último cruce de declaraciones en torno al pabellón multiusos de Ficoba (el denominado proyecto «IAM») y al traslado de Plaiaundi a Txenperenea ha desnudado las costuras de una negociación institucional que avanza, de manera innegable, a dos velocidades.
Si uno se asoma a las actas y a los despachos, la fotografía del momento actual resulta tan compleja como reveladora. Por un lado, el Ayuntamiento de Irun y la Diputación Foral de Gipuzkoa escenificaron recientemente una reformulación del proyecto con un indiscutible gesto de alivio. La propuesta actual sitúa la infraestructura junto al tercer pabellón de Ficoba y reduce el coste global a 51 millones de euros, logrando un ahorro de más de diez millones tras prescindir del aparcamiento subterráneo y de la urbanización exterior. El plan financiero diseñado desde la plaza San Juan establece que las arcas municipales asumirían 11 millones, mientras que se solicita al Gobierno Vasco y a la Diputación una aportación de 20 millones a cada uno.
Sin embargo, la respuesta desde el Ejecutivo autonómico ha enfriado de golpe las expectativas. El director de Deportes del Gobierno Vasco, Gorka Iturriaga, ha calificado —en Radio Irun— la reclamación de estos fondos como una «falta de rigor», desvelando que, tras seis reuniones bilaterales celebradas desde diciembre de 2024, las instituciones no disponen «ni de un anteproyecto» formal sobre la mesa. La crítica no apunta a una falta de voluntad política —el propio Iturriaga subrayó el deseo de Lakua de otorgar al Club Deportivo Bidasoa un espacio acorde con sus méritos competitivos—, sino a una estricta cuestión de procedimiento legal administrativo. Y creo a Cristina Laborda, alcaldesa de Irun, y a Nuria Alzaga, primera teniente de alcaldesa, cuando hablan de un proyecto estratégico. Pero saben que tienen que racionalizar una «patata caliente».
En el reverso de la moneda se encuentra el traslado de las pistas de atletismo de Plaiaundi a Txenperenea. Este expediente sí representa el espejo de la sintonía institucional, con un borrador de protocolo de colaboración en vías de actualización que el Gobierno Vasco confía en ratificar antes de que expire el presente año. La diferencia entre ambos desarrollos no radica en las simpatías políticas, sino en el ordenamiento técnico: donde Txenperenea avanza con la solidez de la documentación y el consenso técnico, el pabellón multiusos arrastra las consecuencias de su propio pecado original —como dice Jurdan Arretxe— y fue concebido al calor de la precampaña electoral de 2023, sin los estudios previos de viabilidad indispensables para una obra de semejante envergadura.
La encrucijada actual de Irun no se resolverá en el terreno del reproche público ni en la confrontación de relatos. La realidad es que el Club Deportivo Bidasoa acumula siete años de provisionalidad desde que la EHF declarase las deficiencias de Artaleku en 2019. Para desatascar el proyecto del pabellón, la única vía racional exige que el consistorio redacte un anteproyecto técnico riguroso y visado que defina con exactitud el alcance de la obra. ¿Está realizado? Solo cuando la ingeniería sustituya a la propaganda, las administraciones implicadas dispondrán del soporte jurídico necesario para transformar las diapositivas en realidades de hormigón.
JUAN PEDRO HAROCARENE
